BOLIVIA
Doctrina
Título:Reflexión sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) a través de una perspectiva de género, como principio transversal del derecho a la educación
Autor:Esquivel, José de Jesús Román
País:
México
Publicación:Revista Jurídica del Colegio Mexicano de Abogados - Número 2 - Abril 2019
Fecha:10-04-2019 Cita:IJ-DCCXV-254
Voces Citados Relacionados

Reflexión sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) a través de una perspectiva de género, como principio transversal del derecho a la educación


Mtro. José de Jesús Román Esquivel[1]


Durante las últimas décadas, México ha avanzado en la construcción de una cultura basada en la igualdad entre mujeres y hombres. Sabemos que esto se logra día a día, desde muchas historias, acciones, espacios y decisiones. La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distingo alguno tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto. Nuestra legislación también ha avanzado sustantivamente en el reconocimiento, respeto, protección y garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, a la luz de los instrumentos y tratados internacionales que, en las últimas décadas, el Estado mexicano ha firmado y ratificado para robustecer nuestro marco jurídico en materia de derechos humanos.


Así, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incorporó por primera vez la perspectiva de género como un principio transversal del proceso de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en todos los ámbitos de actuación públicos.


Sabemos bien que no basta decretar la igualdad en la ley si en la realidad no es un hecho. Para que así lo sea, la igualdad debe traducirse en oportunidades reales y efectivas para ir a la escuela, acceder a un trabajo, a servicios de salud y seguridad social; competir por puestos o cargos de representación popular; gozar de libertades para elegir pareja, conformar una familia y participar en los asuntos de nuestras comunidades, organizaciones y partidos políticos.


Para entender la igualdad y sus diversos aportes, resulta útil analizarla en primer lugar como un derecho humano y a la vez como un principio rector transversal. Los derechos humanos son aquellos atributos, prerrogativas y atribuciones que tienen todas las personas por el solo hecho de existir.


El concepto lo reconoce la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) que manifiesta que los derechos humanos, en sentido práctico: “Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles”.


Por otro lado, debemos mencionar que es indispensable relacionar con este tema a desarrollar, la importancia que tiene el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y su Protocolo Facultativo, pues son los instrumentos internacionales del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, es decir, del Sistema de Naciones Unidas, que regulan la protección de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).


Los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad, y hablan de cuestiones tan básicas como el trabajo la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, el medio ambiente adecuado y la cultura. Se establece el compromiso de los Estados Parte de adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia la cooperación internacional, especialmente económica y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados (legislativos, judiciales, administrativos, económicos, sociales y educativos) la plena efectividad de los DESC.


Los derechos humanos proporcionan un marco común de normas y valores universalmente reconocidos, y establecen obligaciones del Estado para actuar de determinada manera o de abstenerse de ciertos actos. Constituyen una herramienta importante para asegurar la rendición de cuentas de los Estados y cada vez más actores no estatales que han cometido violaciones, y también para movilizar los esfuerzos colectivos para desarrollar comunidades y marcos globales que conduzcan a la justicia económica, el bienestar social, la participación y la igualdad. Los derechos humanos son universales, inalienables, interdependientes e indivisibles.


En este artículo solo haremos una breve reflexión sobre uno de los derechos humanos, económicos indispensables en la vida de cualquier persona humana. Abordado desde la perspectiva de la igualdad de género como un principio transversal contemplado por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.


De todos los DESC, antes referidos, hemos considerado dedicarle en esta ocasión una pequeña reflexión, al Derecho Económico y Humano de la Educación. Toda vez que tratarlos todos en un mismo trabajo sería objeto de realización de todo un libro, para darle el espacio y lugar que se merecen.


Los DESC protegen y reconocen a hombres y mujeres, sean migrantes e indígenas o no, jóvenes y ancianos, individuos de todas las razas, religiones y creencias, orientaciones sexuales, políticas y orígenes económicos, culturales y sociales en una realización común de la libertad y dignidad de la persona humana y universal.


Los artículos 13 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y su Protocolo Facultativo, establecen que el Derecho a la Educación, que implica orientar la educación al desarrollo de la personalidad humana, la dignidad y el respeto a los derechos humanos. Reconoce la obligatoriedad desde la educación inicial, preescolar, primaria gratuitas; la generalización de la secundaria y la accesibilidad de la enseñanza media y superior en función de las capacidades, implementando progresivamente su gratuidad; asimismo, contempla continuar la educación de adultos; desarrollar programas de becas, y mejorar las condiciones materiales y económicas de los maestros, así como el derecho de padres y tutores de elegir la educación de sus hijos o pupilos.


La tarea educativa debería ser considerada como una de las actividades humanas con mayor trascendencia e impacto en la sociedad. Además, está obligada a ofrecer una formación integral, libre y responsable, apta como preparación real para la vida diaria y que pueda dar respuesta a las necesidades de una sociedad en continuo cambio y desarrollo.


Una distinción importante a realizar en este terreno educativo es la diferenciación entre paridad e igualdad de género, ya que estos términos no significan lo mismo en educación. El primero es un concepto puramente numérico, que implica tener la misma proporción de niños y de niñas en el sistema educativo. El segundo, más complicado de delimitar, significa tener a alumnos y alumnas disfrutando de las mismas ventajas en términos de acceso y tratamiento educacional, favoreciendo la igualdad de oportunidades de manera permanente.


Por género se entienden las construcciones socioculturales que diferencian y configuran los roles, las percepciones y los estatus de las mujeres y de los hombres en una sociedad. Por igualdad de género se entiende la existencia de una igualdad de oportunidades y de derechos entre las mujeres y los hombres en las esferas privada y pública que les brinde y garantice la posibilidad de realizar la vida que deseen. Actualmente, se reconoce a nivel internacional que la igualdad de género es una pieza clave del desarrollo sostenible.


Hablar de igualdad de sexos o, como es utilizado más frecuentemente, de igualdad de género, es referirse a un objetivo contra una realidad de discriminaciones, violencias y segregación social. “Una de las más frecuentes y silenciosas formas de violación de los derechos humanos es la violencia de género”, señala el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Este es un problema universal, pero para comprender mejor los patrones y sus causas, y por lo tanto eliminarlos, conviene partir del conocimiento de las particularidades históricas y socioculturales de cada contexto específico. Por consiguiente, es necesario considerar qué responsabilidades y derechos ciudadanos se les reconocen a las mujeres en cada sociedad, en comparación con los que les reconocen a los hombres, y las pautas de relación que entre ellos se establecen”.


Para medir las discriminaciones y, sobre todo, los avances hacia la igualdad, se han introducido una serie de índices como el IPG (Índice de Paridad de Género) para el caso de la educación, que se obtiene dividiendo la cantidad de niñas entre la cantidad de niños matriculados en un mismo nivel, o el IEG (Índice de Equidad de Género), al que ya hemos hecho referencia, que mide la brecha entre hombres y mujeres tomando en consideración, conjuntamente, la educación, la actividad económica y el empoderamiento político. Arnold et al. (1996).


El trabajo científico es un campo dominado tradicionalmente por hombres y resulta poco atractivo para las mujeres con anterioridad a la conclusión de sus estudios preuniversitarios. Además, consideran que ellas son especialmente vulnerables en cuanto al hecho de no recibir aceptación social por parte de los padres, de los amigos y de los profesores. Además, afirman que las personas de género femenino reciben un trágico mensaje implícito de que la sociedad no necesita o no desea sus dotes y sus habilidades. La época histórica, la edad, la etnicidad, la clase social, la localización geográfica y el móvil de la tarea son factores que influyen en las oportunidades que tienen, en lo que pueden aspirar a hacer las mujeres con potencialidades para ser brillantes. Estas características también determinan el tipo de experiencias que pueden encontrar en su educación y en sus carreras. A estas cuestiones, se les pueden unir otros factores también determinantes como es la orientación sexual, la religiosidad, la posición socioeconómica y el patrón de auto percepción (Sen, 2000).


Lo anterior denota, en consecuencia, una desigualdad de género en el ámbito educativo, se podría establecer incluso como una discriminación de la mujer en este campo.


En nuestra sociedad, tradicionalmente se ha producido una desigual valoración de lo masculino y lo femenino, manifestándose de diferentes formas: transmisión de roles en el entorno familiar, el valor de la realización de lo cotidiano, la falta de reconocimiento de las aportaciones que las mujeres han realizado a la sociedad, el predominio casi absoluto de las figuras masculinas, la desigual distribución del tiempo de ocio y de las condiciones extraescolares de aprendizaje y las distintas expectativas sobre lo que la educación debe aportar a uno y otro género (García, 2012).


De tal modo que la discriminación que todavía hoy nos encontramos en nuestra sociedad, parece agravarse en el caso de las niñas o mujeres con capacidades y aptitudes sobresalientes, en cuyo caso se puede constatar el triunfo de estereotipos sexistas que las inducen a la invisibilidad. Así, si bien los niños con capacidades sobresalientes prefieren jugar con niños mayores o adultos, e incluso manifiestan preferencia por las nuevas tecnologías de la información y el aprendizaje; sin embargo, un fenómeno que he observado en algunos casos de jóvenes discentes del género femenino es que lo que les interesa es, simplemente, no manifestar sus capacidades “sobresalientes” para así sentirse aceptadas e integradas en su grupo de compañeros. Por tanto, las jóvenes estudiantes con capacidades sobresalientes se enfrentan a más obstáculos que sus pares masculinos, como los prejuicios de padres y educadores y la agresiva competitividad de sus compañeros varones que se niegan a aceptar sus mayores capacidades.


En general, los valores asignados a las mujeres se consideran inferiores, por lo tanto, la cultura produce una inferiorización de ellas; en cambio, a los hombres se les representa como superiores y la cultura reproduce una superioridad de ellos en la visión dicotómica patriarcal. La construcción de género es aprendida y por ende modificable, pero, se sabe que cambiar los aspectos culturales no es tarea sencilla, requiere compromiso tanto de mujeres como de hombres; pero también del involucramiento institucional competente del Estado. Sin embargo, son las mujeres quienes se han involucrado más en trabajar para la resolución de la desigualdad entre los géneros (Dahl, 1999).


Se asume que diferentes campos del conocimiento humano han estado interesados en la educación, si hacemos un recorrido en la historia de las ideas, identificamos influencia de las siguientes disciplinas: Psicología, Antropología, Medicina, Derecho, Biología, Literatura, Filosofía, y por supuesto Pedagogía. El concepto de educación reúne principios que tienen que ver con: cómo se trasmiten a las nuevas generaciones los conocimientos, el uso de nuevas tecnologías, los logros de la cultura local y universal, además de actitudes éticas. En otras palabras, a través del proceso educativo se forman personas para que se incorporen a la sociedad como seres con conocimientos, habilidades y actitudes, con capacidad para convivir, y resolver problemas en la vida; tener respeto a la sociedad, poseer capacidad crítica y con un nivel importante de compromiso que facilite la convivencia armónica en los diferentes órdenes sociales.


Un Modelo educativo tradicionalista propone al docente como emisor desde donde fluye la información, como la persona que ejerce el control y el poder autoritario sobre el conocimiento y sobre la conducta del alumnado. Las personas que se educan bajo este modelo se convierten en receptores del conocimiento, generalmente su participación tiende a ser pasiva y serán un eslabón más de la sociedad tradicionalista.


El modelo liberal propone cambios en las personas que forman parte del proceso educativo, por ejemplo, el profesorado debe ejercer autoridad y no autoritarismo, deben orientar y guiar en función de los intereses de los alumnos. Se propone que el alumnado sea activo y responsable de su propio auto conocimiento, con una apertura mental y una voluntad para construir posturas conscientes de la realidad que pueden pasar desapercibidas, para elaborar crítica constructiva de los problemas del entorno social e histórico que les tocó vivir. Por ejemplo, problemas de orden político, educativo, laboral, pobreza, represión, impunidad, violencia, concentración de la riqueza, pérdida del poder adquisitivo, deterioro ecológico, contaminación, desigualdad, exclusión e inequidad en las relaciones entre hombres y mujeres, entre otros.


Desde esta propuesta, la Epistemología del conocimiento debe basarse en la enseñanza de capacidades de análisis, comparación, elección, confrontación, así como en la posibilidad de sustentar la elección personal y los proyectos con argumentos racionales.


El pensamiento respecto a las mujeres tiene tintes feministas propone que se concedan a las mujeres los mismos derechos y la misma protección de las leyes. Los grandes temas en una agenda de equidad de género siguen siendo el acceso de las mujeres a los mismos derechos otorgados a los hombres, obtener la misma protección legal e igualdad en el acceso de oportunidades. Todo dependerá del Modelo Educativo a instrumentar.


Un Modelo educativo con perspectiva de género debe de tomar en cuenta lo siguiente: 1) Redistribución equitativa de las actividades entre los sexos, en la esfera pública y privada, 2) Justa valoración de los distintos trabajos que realizan las mujeres y los hombres, 3) Modificación de las estructuras sociales, reglas, horarios, mecanismos, prácticas y valores que reproducen desigualdades, y 4) Fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres.


En esa enseñanza de género participan el Estado, la escuela, la familia, los medios de comunicación, la iglesia. Las instituciones sociales, como la familia monogámica, y la sociedad son las defensoras de los roles asignados a los géneros. Otra cosa sería comprender este problema a la luz de las nuevas tendencias de la institución familiar.


La coeducación es un método de intervención educativa que va más allá de la educación mixta, y cuyas bases se asientan en el reconocimiento de las potencialidades e individualidades de las mujeres y los hombres, independientemente de su sexo. O del tipo moderno de familia constituida (Heterosexual, Homoparental). Se puede decir que la coeducación se basa en el respeto de las diferencias y tiene como objetivo igualar las oportunidades sin distinción alguna.


Debemos proponer la coeducación como un modelo educativo, para logar un ambiente sano y adecuado que permita construcciones de género más equitativas, es actualmente la sugerencia más adecuada para superar la problemática que ha sido expuesta.


La propuesta educativa con equidad de género advierte sobre la importancia de dar una serie de conocimientos a las mujeres, acerca de su realización, el uso de su tiempo, la importancia de logar una seguridad económica para poder llegar a ser personas autónomas. 


La desigualdad de género no sólo alcanza la educación estudiantil en el mundo, sino que también afecta la docencia. Pero esta sería otra arista diferente a reflexionar.


Lograr la igualdad de género en la educación fue uno de los objetivos trazados durante el Foro Mundial sobre la Educación celebrado durante el año 2010 en Dakar. Por dicha razón, este desafío se encuentra entre los rubros evaluados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en el “Informe 2016 de Seguimiento de la Educación para Todos (EPT) en el Mundo”.


El informe precisó que, aunque la paridad de género no fue conseguida por todos, hubo 104 naciones que en 2012 lograron cumplir con este objetivo en su educación primaria. Otro dato sumamente motivante, es que la disparidad desfavorable para las mujeres se constató únicamente en 48 países, cifra mucho menor a los 73 en los que se registró en el 1999.


No obstante, también se señala que del 43% de los niños que nunca asistirá a la escuela, un 48% son mujeres frente a un 38% de varones.


Son varios los factores que imposibilitaron el acceso de las mujeres a la educación, siendo los más notorios las carencias estructurales de las escuelas, las largas distancias entre centros de enseñanza y hogares de los estudiantes y los matrimonios o embarazos no deseados, a corta edad entre los adolescentes. Garantizar la seguridad en cuanto a la violencia física, psicológica o sexual es una de las claves para que el género femenino tenga acceso a la educación.


Ahora bien, en el caso de México, concretamente, al realizar una investigación y análisis de datos duros sobre este tema, no encontramos que, de acuerdo con los informes oficiales del Sistema Educativo Nacional, el cual atiende actualmente a 35.2 millones de niños y jóvenes, en la modalidad escolarizada. La educación básica constituye la base de la pirámide educativa, la cual representa el 73.4% de la matrícula del Sistema Educativo, que registra a 25.9 millones de alumnos que se encuentran en los siguientes niveles: 4.8 millones atendidos en educación preescolar, 14.8 millones en primaria y 6.3 en educación secundaria. En estos niveles del servicio educativo colaboran alrededor de 1.2 millones de docentes en casi 228 mil escuelas (PND, 2013-2018).


La eficiencia terminal de la educación básica es aún baja: por cada 100 niños que ingresan a primaria, solo 76 concluyen la secundaria en tiempo y forma.


En los planteles de educación media superior se está atendiendo a 4.4 millones de jóvenes, correspondiendo el 91.3% a los bachilleratos y 8.7% a la educación profesional técnica, donde se incluyen los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep). Por cada 100 egresados del bachillerato, 85.9 se inscriben en alguna institución de educación superior (PND, 2013-2018).


Del total de alumnos que ingresaron en 2010 a nivel preparatoria, el 49% eran hombres y el 51% mujeres. En contraste, del total de alumnos que se graduaron de nivel preparatoria ese mismo año, 46.3% fueron hombres y 53.7% mujeres (PND, 2013).


Según la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (Enlace), la diferencia entre el porcentaje de alumnos con logro insuficiente en escuelas atendidas por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y en escuelas indígenas es 35% mayor que en escuelas privadas (PND, 2013-2018).


Alrededor de 32.3 millones de adultos no han completado la educación básica, lo que equivale al 38.5% de la población mayor de 15 años. En esta cifra se incluyen poco más de 5.1 millones de personas analfabetas, situación que limita su integración al mercado laboral (PND, 2013-2018).


El PND 2013-2018, desarrolla el tema de la educación en la Meta Nacional III. “México Incluyente” y presenta a través de la Estrategia Transversal III. Perspectiva de género, las siguientes líneas de acción referentes a la educación para las mujeres:


• Impulsar en todos los niveles, particularmente en la educación media superior y superior, el acceso y permanencia de las mujeres en el Sistema Educativo, así como la conclusión oportuna de sus estudios.


• Fomentar que los planes de estudio de todos los niveles incorporen una perspectiva de género, para inculcar desde una temprana edad la igualdad entre mujeres y hombres.


• Incentivar la participación de las mujeres en todas las áreas del conocimiento, en particular en las relacionadas a las ciencias y la investigación.


• Fortalecer los mecanismos de seguimiento para impulsar a través de la educación la participación de las mujeres en la fuerza laboral.


• Robustecer la participación de las niñas y mujeres en actividades deportivas, para mejorar su salud y su desarrollo humano.


• Promover la participación equitativa de las mujeres en actividades culturales. Al respecto, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad, 2013-2018), señala que los grupos con mayores rezagos educativos son: mujeres adultas mayores y mujeres indígenas, quienes presentan tasas de analfabetismo de 28.7% y 35.1% respectivamente (Proigualdad, 2013).


La tasa de asistencia escolar de las niñas en edad de asistir a primaria y secundaria es de 96.4 y 86.4% respectivamente. Sin embargo, en localidades con menos de 2,500 habitantes, 6.6% de las niñas de 6 a 14 años no asiste a la escuela (Proigualdad, 2013). Respecto a las mujeres de 15 años y más, 43 % no ha completado la educación básica, esto impide el paso hacia la educación media que la ley establece como obligatoria, y repercute en diferentes ámbitos del desarrollo (Proigualdad, 2013). De la población de 14 años y más que habla lengua indígena, el 12.7% de las mujeres y el 16.4% de los hombres tiene la secundaria terminada.


Los datos señalan que la tasa de asistencia escolar de las mujeres de 16 a 18 años (edades para la educación media superior) es de 56.5% y la de 19 a 24 años (edades para la educación superior) es de apenas 23.7%. La matrícula universitaria muestra desigualdades de género en algunas áreas de estudio: solo 31.1% del alumnado en ingenierías y 35.4% en las ciencias agropecuarias está conformado por mujeres. Ellas son mayoría en educación y humanidades (68.4%) y en ciencias de la salud (64.7%) (Proigualdad, 2016). En relación con la violencia escolar, la SEP señala que alrededor del 90% del alumnado de primaria y de secundaria declaró haber sufrido humillaciones o insultos en la escuela. 43.2% del personal docente ha detectado casos de violencia en su escuela. Esto indica que en las escuelas hay una práctica generalizada de la violencia que debe ser erradicada. 43% de las mujeres víctimas de violencia escolar indican que son maestros y autoridades los agresores (Proigualdad, 2013).


Hay 4.4 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan: 76.7% son mujeres que en su mayoría (casi tres millones) se dedican al trabajo doméstico y a la economía del cuidado.


De acuerdo a los programas presupuestarios conforme a la SHCP encontramos que en el ramo 11 Educación Pública, es el tercer ramo de mayor concentración del Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG) en el Presupuesto de Egresos Federal (PEF), solo después del ramo 20 Desarrollo Social (en buena medida debido al programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras) y el ramo 12 Salud (SHCP, Segundo IT de 2017).


En el ejercicio fiscal 2017, el Anexo 12 del PEF contiene nueve programas presupuestarios con GEMIG, los cuales están dirigidos a reducir las brechas de desigualdad de género en el ámbito educativo, con la finalidad de generar mejores oportunidades de vida para las mujeres a través de la educación.


Con un monto original de 76.4 mdp, este programa tiene como Unidad Responsable a la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, de la Secretaría de Educación Pública. En el programa Diseño y aplicación de políticas de equidad de género, destaca el Proyecto “Abriendo Escuelas para la Equidad” (PAEE), el cual inició su implementación en 2008.


Este proyecto es una iniciativa conjunta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), y constituye una respuesta de la SEP en su tarea de prevenir y atender la violencia de género en las escuelas, a través de acciones estratégicas que coadyuven a una mejor construcción de espacios libres de violencia, respeto, tolerancia y de paz entre los integrantes de la comunidad escolar. En este proyecto participan mujeres y hombres, quienes deben coadyuvar a cumplir el propósito del PAEE orientado a prevenir, atender y disminuir la violencia en escuelas secundarias públicas y su entorno -comunidades educadoras-, desde una perspectiva de género y como parte de una política pública integral que consolide comunidades educativas equitativas. Sus acciones se enfocan directamente a la comunidad educativa (profesores, discentes y sus padres o madres, así como personal administrativo y directivo de los planteles), pero también abarcan a la población en general que participa en las actividades que se llevan a cabo durante las jornadas sabatinas y eventos de promoción y difusión.


La estrategia central del proyecto consistió en conformar redes estatales y locales en las que instituciones escolares con apoyo de instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, promotores culturales y otros actores sociales, proponen y desarrollan acciones artístico–culturales, formativas, deportivas y de comunicación en las escuelas, durante las jornadas sabatinas, a fin de generar una sinergia en torno a la escuela para prevenir y reducir la violencia.


Este proyecto consideró que los discentes son actores principales de las actividades a desarrollar. A través de las acciones implementadas por el proyecto también se buscó contribuir al fortalecimiento del tejido social.


En el ámbito federal, el único programa con recursos del Gasto Etiquetado para Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG) orientado en el ámbito educativo exclusivamente a las mujeres, es el Programa becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, conocido como Promajoven. A través del Promajoven, se otorga una beca de $850 pesos mensuales por diez meses, a mujeres adolescentes (12-18 años) que estén embarazadas o tengan hijos y que no hayan concluido su educación básica.


Con respecto al presupuesto del programa, es posible identificar sus montos presupuestales (aprobados y ejercidos por el programa) a partir de su creación. Para el ejercicio fiscal 2017, éste se identifica a partir del segundo informe trimestral de 2017 con un monto original de 135.0 mdp y reporta un porcentaje de ejercicio de 99.5 por ciento. Para este programa la Unidad Responsable es la Dirección General de Educación Indígena.


Entre las Acciones de este programa en el 2016, estuvo el contribuir a la reducción del rezago educativo mediante el otorgamiento de becas a niñas y jóvenes en contexto y situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad.


Como antecedente del programa, este se creó en 2013 bajo el nombre “Programa Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas”, como resultado del impulso inicial de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, que promovió la aprobación de recursos presupuestales para su implementación.


Su operación inició en 2014 debido a la prevalencia de prejuicios sociales hacia las madres jóvenes y las jóvenes embarazadas, como parte de las recomendaciones de las evaluaciones externas al programa, se incluyó la modificación al nombre del mismo, lo cual se hizo en las reglas de operación (RO) 2007, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de febrero de 2007, denominándose ahora “Programa becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas” (Promajoven).


Con respecto al Promajoven, habría que considerar los retos significativos que conlleva la tarea de la ampliación de la cobertura del programa, no sólo en términos de la disponibilidad de los recursos, sino también en la eficiencia y eficacia operativa para garantizar la entrega en tiempo y forma del total de las becas disponibles, toda vez, que según los datos presentados por el programa, mientras en los primeros años del actual sexenio federal no se lograba entregar el total de las becas disponibles, a partir de 2014 se ha registrado un mayor número de becas entregadas con respecto al número de becas programadas.


Cabe la reflexión sobre la posibilidad de que el Promajoven pueda modificar su cobertura para ampliar los beneficios a las madres adolescentes que cursen la educación media superior, ello en consideración a la reforma al artículo 3º constitucional que incluye la obligatoriedad de la educación media superior, si bien ello implicaría enormes retos, en términos presupuestales y operativos del programa.


Es pertinente mencionar que, a partir de 2008, se logra identificar el presupuesto del Promajoven en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en el Anexo denominado: Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género (2008 y 2009) y de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2010-2013).


Es importante considerar que el Promajoven a partir de 2010 se implementó a través de la Dirección General de Educación Indígena, y las reglas de operación del programa, a partir de ese año establecen la prioridad en la atención de las madres adolescentes, residentes de comunidades rurales e indígenas, de bajo y muy bajo índice de desarrollo humano hasta la fecha. En atención a la perspectiva de género, el programa contribuye a incidir en la problemática de las adolescentes que enfrentan el reto de ser madres a edad temprana, el cual se manifiesta en rechazo y discriminación en el ámbito escolar, aun cuando después de abandonar la escuela intentan continuar su educación básica, de ahí la importancia que reviste el apoyo a la educación de las mujeres jóvenes en el país.


El Promajoven es un programa que inició su implementación en el sexenio federal anterior y que ha tenido continuidad en el presente, con algunas modificaciones. Entre los retos fundamentales de este programa se ubica darle mayor integralidad con base en los componentes sugeridos en evaluaciones externas, así como afianzar su articulación con otros programas, incluyendo al Programa de estancias infantiles para apoyar a madre trabajadora.


Como conclusiones generales solo podemos comentar para finalizar la reflexión de manera muy puntual, que los programas sociales deben construirse de acuerdo a Políticas Públicas Transversales, que integren todos y cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales y su Protocolo facultativo.


Debemos proponer como dijimos anteriormente, la coeducación como un modelo educativo, para logar un ambiente sano y adecuado que permita construcciones de género más equitativas, es actualmente la sugerencia más adecuada para superar la problemática que ha sido expuesta.


La propuesta educativa con equidad de género advierte sobre la importancia de dar una serie de conocimientos a las mujeres, acerca de su realización, el uso de su tiempo, la importancia de logar una seguridad económica para poder llegar a ser personas autónomas. 


El Proigualdad (2013-2018) refiere que es necesario generar políticas públicas para apoyar a las mujeres que realizan trabajos no remunerados, políticas de protección social, mecanismos de acceso a la seguridad social universal, de ahorro para el retiro y de subsidio para la vivienda. Se vuelve sustantivo operar en el país programas de política pública y presupuesto etiquetado para las mujeres y la igualdad de género que contribuyan al desarrollo económico y al fomento del empleo, con perspectiva de género y compatibles con las actividades domésticas, tanto de las mujeres como de los hombres.


Asimismo, es fundamental diseñar acciones afirmativas para que, desde las reglas de operación, las mujeres puedan acceder a programas de fomento al empleo, a la educación, la capacitación, el acceso al crédito y a la vivienda; así como aplicar la Ley Federal del Trabajo, con especial énfasis en garantizar el cumplimiento de la igualdad salarial, eliminar el acoso y hostigamiento sexual, erradicar la discriminación por embarazo o maternidad; implementar programas para la corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal, con participación de empresas, gobierno y trabajadoras/es, incrementar la infraestructura para apoyar las tareas del cuidado, donde participen tanto las mujeres como los hombres; ratificar las normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, entre muchas otras acciones que el Estado mexicano, a través del marco normativo y de política pública está obligado a realizar.


Bibliografía


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Dahl, Robert (1999). La democracia. Una guía para los ciudadanos. Editorial Taurus. México.


García Perales, R.: “La educación desde la perspectiva de género”, en ENSAYOS, Revista de la Facultad de Educación de Albacete, Nº 27, 2012.


Sen, Amartya (2000). Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta. Barcelona, España.


Referencias electrónicas


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Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), (2017). Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública relativo al Avance de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Anexo 10, PEF 2013. Segundo trimestre de 2013. México. Versión electrónica disponible en: www.shcp.gob.mx


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https://www .un.org/ sustainabl edevelopme nt/es/gend er-equality/


 


 


[1] Profesor de la Facultad de Derecho, de la UNAM, de Derecho Económico, Teoría Económica y Derecho Administrativo I y II.